Para ilustrarlo, imaginen la siguiente reunión con el Director y el Gerente General de una de las empresas de servicios más relevantes del país. El Gerente General hace las preguntas y se las responde casi al mismo tiempo, como si tuviera todo bajo control: “¿Cuándo comienza la nueva ley de datos? Creo que, en 2027, así me lo informó el fiscal de la empresa en un almuerzo. Según la información que nos entregó el área de TI, estamos bastante protegidos, porque contamos con sistemas que resguardan nuestra información.” El Director guarda silencio y cierra la conversación diciendo: “Queremos cumplir con la ley, pero queremos sacarnos un 4 y no un 7”, pensando siempre en el presupuesto, lo cual es entendible y razonable, pero sin ningún análisis de riesgo preliminar ni un mínimo de asesoría o ilustración sobre la materia.

Esta escena, aunque parezca poco común, es una realidad que me ha tocado presenciar durante el último año, y con más frecuencia en los últimos dos meses, cuando gerentes, abogados y directores se acercan a preguntar cómo avanzar y cumplir con esta ley a poco más de cuatro meses de su entrada en vigor.

Es curioso, y a la vez preocupante, que la mayoría de las empresas que están consultando recién ahora sean medianas y grandes, que tratan una enorme cantidad de datos personales (y también sensibles), y que lleguen casi al límite para enfrentar un nuevo frente que deben incorporar a su gestión de riesgos. Más preocupante aún es que, a nivel de gobierno corporativo, no se esté tomando conciencia de una regulación aprobada en diciembre de 2024, que equipara el marco de privacidad chileno con los estándares globales, como el europeo (GDPR).