La discusión sobre la Ley Karin volvió al centro del debate público. Un grupo de parlamentarios propone suspender sus efectos por hasta cinco años, argumentando la saturación del sistema, los extensos tiempos de tramitación y las dificultades prácticas de su aplicación.
El gerente de operaciones puso sobre la mesa un archivo de 340 filas. “Ahí está el RAT”, dijo. Le hice una sola pregunta: si mañana un cliente pide que eliminemos sus datos, ¿esta planilla nos dice dónde están? Silencio. Después, la respuesta honesta: “solo dice dónde estaban en marzo”.
La discusión sobre postergar la Ley N° 21.719 se ha concentrado en el nombramiento de los consejeros. La pregunta incómoda está en otra parte.
El Registro de Actividades de Tratamiento, conocido habitualmente como RAT (o RoPA por ser el equivalente en inglés) tiene su origen práctico en los modelos modernos de protección de datos personales. Especialmente del estándar europeo del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que incorpora el principio de accountability o responsabilidad proactiva como eje de su modelo de cumplimiento.
En más de una ocasión me ha tocado escuchar: el área de Recursos Humanos propone instalar un reloj biométrico para controlar la asistencia, el Gerente de Operaciones aplaude la idea porque “así se acaban las marcaciones dobles”, y nadie en la sala pregunta si legalmente se puede hacer.
A menos de cinco meses de que comience a regir la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile, es notable la cantidad de industrias y empresas que preguntan cómo funciona esta nueva normativa, cómo se implementa y, sobre todo, qué costo tiene.
De acuerdo con el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Pluxee (ex Sodexo) y Edenred habrían acordado repartirse clientes, coordinar ofertas y abstenerse de competir en determinados procesos de licitación, entre otras prácticas que atentan contra el orden público económico.