Bill Gates pide a los gobiernos que regulen la inteligencia artificial (IA). Advierte que la autorregulación de las compañías no basta, que la tecnología ya es lo suficientemente poderosa como para provocar daños masivos y que el mundo no está preparado para lo que viene. Hace tres años, sin embargo, se opuso a frenarla.

En una sesión de directorio alguien pregunta: “¿Tenemos una política para el uso de inteligencia artificial?”. Tecnología responde que está trabajando en ella. Compliance dice que está revisando los riesgos. Recursos Humanos prepara una capacitación. Todo suena razonable, todo parece bajo control.
Hasta que otro director hace una segunda pregunta: “¿Cuántas herramientas de inteligencia artificial estamos usando hoy, en concreto?”. Silencio. Y esa es, probablemente, la pregunta más importante que se puede plantear en esa mesa.

Llega una denuncia al canal de interno. Es anónima. No trae adjuntos, no identifica testigos, no acompaña un solo documento. Alguien en el comité formula entonces la pregunta que parece razonable y no lo es: “¿y qué pruebas aporta?”. Cuando la respuesta es “ninguna”, muchas organizaciones cierran el caso. Ese cierre es un error técnico y, a menudo, el origen de un problema mayor.