En una sesión de directorio alguien pregunta: “¿Tenemos una política para el uso de inteligencia artificial?”. Tecnología responde que está trabajando en ella. Compliance dice que está revisando los riesgos. Recursos Humanos prepara una capacitación. Todo suena razonable, todo parece bajo control.

Hasta que otro director hace una segunda pregunta: “¿Cuántas herramientas de inteligencia artificial estamos usando hoy, en concreto?”. Silencio. Y esa es, probablemente, la pregunta más importante que se puede plantear en esa mesa.

Porque el problema empresarial en Chile ya dejó de ser decidir si adoptar inteligencia artificial.

La adopción se está produciendo igual, y lo están haciendo antes que su gobierno. Hay ejecutivos usando herramientas externas desde su navegador —o desde su teléfono—, áreas automatizando análisis por iniciativa propia, asistentes conectados a información corporativa y, lo más silencioso de todo, proveedores que ya incorporaron IA dentro de software que la compañía contrata y paga sin tener del todo claro qué hace con sus datos. La conversación madura no parte en “diseñemos una estrategia de IA”. Parte mucho antes: en levantar un inventario real de usos, riesgos y responsables.

Conviene romper un supuesto cómodo: usar IA no equivale a tener un proyecto tecnológico formal. Una empresa puede estar aplicándola —al mismo tiempo y sin coordinación— en selección de personas, en marketing, en la redacción de contratos (abogados), en análisis comercial, en desarrollo de software, en reportería financiera, en atención de clientes y en evaluación de riesgos, sin que exista una visión centralizada de nada de eso. No hace falta un comité ni un presupuesto aprobado para que la IA ya esté operando dentro de la organización. Basta con que nadie haya preguntado.

Y aquí el tema sube de tono, derechamente al directorio. En nuestro marco legal, los directores tienen un deber de cuidado y diligencia, y responden por él. Algo no deja de ser un riesgo corporativo porque todavía no figure en la matriz de riesgos. La adopción descentralizada genera exposición —sobre datos personales, sobre decisiones automatizadas, sobre reputación— antes de que exista cualquier arquitectura formal de gobierno que la contenga. El directorio que espera a tener “la política lista” para recién entonces ocuparse del asunto está, en los hechos, administrando con los ojos cerrados un fenómeno que ya está en marcha. Quien trabaja en cumplimiento lo reconoce de inmediato: es exactamente la misma lógica que impuso la Ley 20.393 y que la Ley 21.595 de delitos económicos vino a robustecer. Primero se identifica dónde está el riesgo, se documenta y se asigna responsable; recién después se construye el modelo. Con la IA, esa secuencia todavía no empieza en la mayoría de las empresas.

Para pasar de la conversación aspiracional a una de gobernanza no se necesita un informe de cien páginas. Bastan cuatro preguntas ejecutivas, y conviene formularlas en voz alta en la próxima sesión de directorio: ¿Dónde se usa IA en la organización? ¿Qué información recibe esa IA? ¿Qué decisiones toma? ¿Y quién responde cuando se equivoca? Quien pueda contestarlas con nombre y apellido tiene gobierno. Quien no, tiene un acto de fe.

El contexto, además, dejó de dar tregua en Chile. La Ley 21.719 de protección de datos personales entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026, crea la Agencia de Protección de Datos Personales con facultades de fiscalización y sanción. En paralelo, el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial en Chile (Boletín 16.821-19), con un enfoque basado en riesgo— fue despachado por la Cámara y se encuentra en segundo trámite en el Senado; todavía no es ley, pero marca con nitidez hacia dónde va la exigencia. El mensaje práctico para las empresas es inequívoco: una IA que procesa datos de clientes o trabajadores sin que nadie sepa que existe no es un detalle técnico, es exposición directa bajo la nueva normativa. La capacidad de identificar, documentar y gobernar los usos de IA será cada vez menos una buena práctica voluntaria y cada vez más algo que habrá que poder demostrar ante un fiscalizador.

El primer paso serio hacia una estrategia de inteligencia artificial quizás no sea comprar una herramienta ni constituir un comité. Es algo más básico y, por lo mismo, más difícil: saber qué está ocurriendo hoy, de verdad, dentro de la organización. Porque lo que el directorio no conoce, difícilmente puede gobernarlo.