Bill Gates pide a los gobiernos que regulen la inteligencia artificial (IA). Advierte que la autorregulación de las compañías no basta, que la tecnología ya es lo suficientemente poderosa como para provocar daños masivos y que el mundo no está preparado para lo que viene. Hace tres años, sin embargo, se opuso a frenarla.
En una sesión de directorio alguien pregunta: “¿Tenemos una política para el uso de inteligencia artificial?”. Tecnología responde que está trabajando en ella. Compliance dice que está revisando los riesgos. Recursos Humanos prepara una capacitación. Todo suena razonable, todo parece bajo control.
Hasta que otro director hace una segunda pregunta: “¿Cuántas herramientas de inteligencia artificial estamos usando hoy, en concreto?”. Silencio. Y esa es, probablemente, la pregunta más importante que se puede plantear en esa mesa.
Llega una denuncia al canal de interno. Es anónima. No trae adjuntos, no identifica testigos, no acompaña un solo documento. Alguien en el comité formula entonces la pregunta que parece razonable y no lo es: “¿y qué pruebas aporta?”. Cuando la respuesta es “ninguna”, muchas organizaciones cierran el caso. Ese cierre es un error técnico y, a menudo, el origen de un problema mayor.
Durante casi dos años, la Ley 21.595 fue para muchos directorios una presentación anual de veinte minutos, al final de la tabla y sin preguntas. El caso Sartor terminó con esa comodidad.
La discusión sobre la Ley Karin volvió al centro del debate público. Un grupo de parlamentarios propone suspender sus efectos por hasta cinco años, argumentando la saturación del sistema, los extensos tiempos de tramitación y las dificultades prácticas de su aplicación.
El gerente de operaciones puso sobre la mesa un archivo de 340 filas. “Ahí está el RAT”, dijo. Le hice una sola pregunta: si mañana un cliente pide que eliminemos sus datos, ¿esta planilla nos dice dónde están? Silencio. Después, la respuesta honesta: “solo dice dónde estaban en marzo”.
El Registro de Actividades de Tratamiento, conocido habitualmente como RAT (o RoPA por ser el equivalente en inglés) tiene su origen práctico en los modelos modernos de protección de datos personales. Especialmente del estándar europeo del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que incorpora el principio de accountability o responsabilidad proactiva como eje de su modelo de cumplimiento.
En más de una ocasión me ha tocado escuchar: el área de Recursos Humanos propone instalar un reloj biométrico para controlar la asistencia, el Gerente de Operaciones aplaude la idea porque “así se acaban las marcaciones dobles”, y nadie en la sala pregunta si legalmente se puede hacer.