La trama judicial que podría demostrar un rotundo fracaso de los mecanismos internos de integridad, transparencia y compliance en el Poder Judicial chileno.

El llamado caso “Muñeca Bielorrusa” investiga una presunta red de corrupción judicial que habría beneficiado al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio contra Codelco, mediante la intervención de la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y los abogados del consorcio. La fiscalía sostiene que, a cambio de pagos y favores, Vivanco habría influido en resoluciones de la Tercera Sala para favorecer a la empresa, lo que terminó con Codelco pagando más de 17 mil millones de pesos.

La magnitud de esta causa no radica únicamente en la cuantía de lo de presuntamente defraudado, ni en los nombres de los imputados. Lo verdaderamente relevante es el impacto en la confianza pública cuando se sospecha que la justicia puede comprarse.

La discusión pública se centra racionalmente en la sanción penal, pero el enfoque de compliance invita a realizar el ejercicio del levantamiento de un velo que esconde fallas estructurales en el sistema judicial.

Un elemento clave del juicio es la georreferenciación de los teléfonos móviles de los imputados, el rastreo de las antenas telefónicas permitió ubicar a Vivanco y los abogados del consorcio en los mismos lugares y horarios, en los cuales presumiblemente se habrían coordinado en la redacción de los fallos. 

En términos de compliance, lo que falló no fue solo la ética individual, sino el sistema completo de prevención y gestión de conflictos de interés dentro del Poder Judicial. Una ministra que conocía causas en que participaban abogados con quienes mantenía vínculos personales y reuniones reiteradas no fue detectada ni advertida por ningún mecanismo institucional. En términos de compliance, el Poder Judicial actuó sin monitoreo, sin auditoría ética, sin alertas tempranas. 

El procedimiento no solo da indicios de corrupción individual, sino que nos revela fallas a nivel estructural en el Poder Judicial. Un entorno institucional donde las redes de contacto parecieran pesar más que el debido proceso y donde las decisiones críticas carecen de trazabilidad.

La legitimidad y autonomía del Poder Judicial no se hace valer únicamente con sanciones ni escándalos mediáticos, sino con sistemas reales de prevención, transparencia y rendición de cuentas que permitan detectar y corregir desvíos antes de que se transformen en delitos. Este proceso podría marcar un punto de inflexión en donde el Poder Judicial asuma el desafío del compliance como una herramienta de integridad institucional, o seguirá expuesto a la pérdida de su legitimidad.