En mayo de este año, CB Financial Services, matriz de Community Bank, un banco regional de Pensilvania, informó a la SEC un incidente de ciberseguridad material provocado por el uso de una herramienta de inteligencia artificial no autorizada. Se considera el primer reporte de este tipo. El banco detectó el 5 de mayo que se había usado una aplicación de IA no aprobada para procesar información de clientes, incluidos nombres, números de seguro social y fechas de nacimiento. El 7 de mayo concluyó que el incidente era material por el volumen y la sensibilidad de los datos, y el 11 de mayo presentó el formulario 8-K, el equivalente estadounidense a un hecho esencial ante la CMF. La empresa no ha informado quién usó la herramienta ni cuál era; los análisis publicados suponen que fue un empleado que buscaba procesar datos de clientes con mayor rapidez.

El último informe de Verizon sobre filtraciones de datos (DBIR 2026) estima que el 45% de los empleados usa herramientas de IA de forma habitual en sus equipos de trabajo, frente a un 15% en 2024, y que dos de cada tres lo hacen desde cuentas que no son de la empresa. Según el mismo informe, subir información a herramientas de IA no autorizadas ya es la tercera infracción interna no maliciosa más frecuente. El estudio de IBM de 2026 sobre el costo de las filtraciones indica que los incidentes que involucraron IA en la sombra pasaron de 20% a 43% en un año, y que el 68% de las organizaciones con incidentes relacionados con IA no tenía una política de gobierno de IA.

Hay otros casos públicos. En 2023 Samsung restringió el uso de IA generativa en una de sus divisiones después de que ingenieros ingresaran código fuente en ChatGPT. En 2025, un contratista de un organismo del gobierno de Nueva Gales del Sur, en Australia, subió a ChatGPT una planilla con datos personales y de salud de hasta 3.000 personas afectadas por inundaciones. Y en enero de este año se supo que el director interino de CISA, la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos, había subido documentos de uso oficial a la versión pública de ChatGPT. En ninguno de estos casos hubo intención de robar información: las personas buscaban hacer más rápido una tarea, y en varios existía una regla que lo prohibía.

La respuesta más habitual de las empresas es prohibir. A mi juicio, una prohibición sin alternativa desplaza el uso hacia el celular personal o la cuenta gratuita, donde la empresa no tiene visibilidad. Samsung, después de restringir el uso, comenzó a desarrollar herramientas propias, pero también está claro que no todas las empresas tienen la billetera de Samsung.

Para prevenir estos incidentes, lo primero es ofrecer una herramienta corporativa, con contrato, con el compromiso del proveedor de no entrenar sus modelos con los datos de la empresa y con registros de uso. Las licencias tienen un costo relevante, y por eso muchas organizaciones las compran solo para una parte del personal, mientras el resto sigue usando lo que tiene a mano. Además, aun con la herramienta oficial, los datos suelen procesarse fuera de Chile, lo que bajo la Ley 21.719 obliga a revisar las condiciones de transferencia internacional.

Después, hay que definir qué información puede ingresarse en estas herramientas y cuál no. Lo evidente es fácil de listar: la nómina, los contratos con clientes y las bases de datos personales no se suben. Lo difícil son los casos intermedios, como el correo de un cliente al que se le borró el nombre o una planilla con códigos internos en lugar de RUT. Resolverlos exige tener la información clasificada de una forma que un trabajador pueda aplicar en el momento, y en mi experiencia pocas empresas la tienen.

Los controles técnicos son donde aparece el conflicto con la privacidad de los trabajadores. Las herramientas de prevención de fuga de datos detectan cuándo se envía información sensible a servicios de IA no autorizados, pero para hacerlo revisan lo que pasa por el equipo, incluido lo que la persona escribe en servicios personales. La legislación laboral chilena limita las facultades de control del empleador por el respeto a la intimidad y la vida privada de los trabajadores, y exige que las medidas de control se apliquen de forma general y por medios adecuados. En la práctica, eso lleva a configurar estas herramientas según categorías de información, sin registrar todo lo que escribe cada persona. Aun así, el control es parcial, porque no cubre el celular personal.

Por último, conviene definir de antemano el procedimiento ante un incidente: quién evalúa si hubo exposición de datos personales, quién decide si hay que notificar, a quién y en qué plazo. Hay que considerar que, cuando un trabajador sube una planilla a su cuenta personal, la empresa no tiene contrato con el proveedor y no puede pedir directamente que se eliminen los datos. Tampoco está claro todavía cuándo un caso así debe reportarse bajo la Ley 21.719.

En Chile, la Ley 21.719 obligará a reportar a la Agencia de Protección de Datos Personales las vulneraciones de seguridad que afecten datos personales. Su entrada en vigencia, fijada para el 1 de diciembre, probablemente se postergue un año, y la Agencia aún no tiene consejo.

Hay algo que no tengo del todo resuelto, y es hasta dónde conviene controlar. Una empresa puede bloquear sitios y monitorear sus equipos, y aun así no saber qué hace cada trabajador desde su celular. Me inclino por poner más esfuerzo en una herramienta oficial que la gente quiera usar y en explicar bien las reglas que en vigilar, pero esa opción supone confiar en el criterio de las personas, y entiendo que no todos los directorios estén dispuestos a hacerlo.