Opinión.
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La IA en la sombra y el desafío de gobernarla.
En mayo de este año, CB Financial Services, matriz de Community Bank, un banco regional de Pensilvania, informó a la SEC un incidente de ciberseguridad material provocado por el uso de una herramienta de inteligencia artificial no autorizada. Se considera el primer reporte de este tipo.
El problema no es la máquina.
Bill Gates pide a los gobiernos que regulen la inteligencia artificial (IA). Advierte que la autorregulación de las compañías no basta, que la tecnología ya es lo suficientemente poderosa como para provocar daños masivos y que el mundo no está preparado para lo que viene. Hace tres años, sin embargo, se opuso a frenarla.
El nuevo riesgo del directorio no es no usar IA. Es no saber cómo se está usando.
En una sesión de directorio alguien pregunta: “¿Tenemos una política para el uso de inteligencia artificial?”. Tecnología responde que está trabajando en ella. Compliance dice que está revisando los riesgos. Recursos Humanos prepara una capacitación. Todo suena razonable, todo parece bajo control.
Hasta que otro director hace una segunda pregunta: “¿Cuántas herramientas de inteligencia artificial estamos usando hoy, en concreto?”. Silencio. Y esa es, probablemente, la pregunta más importante que se puede plantear en esa mesa.
¿Qué debe hacer una empresa cuando una denuncia no trae ninguna prueba?
Llega una denuncia al canal de interno. Es anónima. No trae adjuntos, no identifica testigos, no acompaña un solo documento. Alguien en el comité formula entonces la pregunta que parece razonable y no lo es: “¿y qué pruebas aporta?”. Cuando la respuesta es “ninguna”, muchas organizaciones cierran el caso. Ese cierre es un error técnico y, a menudo, el origen de un problema mayor.
El directorio ya no puede mirar para el lado.
Durante casi dos años, la Ley 21.595 fue para muchos directorios una presentación anual de veinte minutos, al final de la tabla y sin preguntas. El caso Sartor terminó con esa comodidad.
Ley Karin: suspenderla o hacerla funcionar.
La discusión sobre la Ley Karin volvió al centro del debate público. Un grupo de parlamentarios propone suspender sus efectos por hasta cinco años, argumentando la saturación del sistema, los extensos tiempos de tramitación y las dificultades prácticas de su aplicación.